Según el artículo 280 del El Código Orgánico Integral Penal,  COIP,  los servidores públicos que reciban o acepten un beneficio económico indebido serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El artículo 109 señala que si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

“Para corromper a una persona se necesita de dos, la persona que solicita esta situación, o una persona a que incita a que se cometa este ilícito” dijo Castro.

El funcionario añadió  que el personal de la EMOV está capacitado para evitar este tipo de delitos  y apenas ocurra una situación de soborno, “lo que hacen es pasar el respectivo informe y poner a órdenes de las autoridades competentes”.

“El cohecho no se trata de una contravención, si no se trata de infracción, que está dentro de una pena de delito” reiteró Castro.

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