En su intervención, el Mandatario explicó que los paraísos fiscales constituyen “una de las peores aberraciones del actual orden mundial, pues significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado, narcotráfico, sostén del terrorismo y, en definitiva, corrupción”.
“Los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales. Con lo que se evade en los paraísos fiscales, América Latina podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas”, aseveró.
Mencionó, además, que el Pacto Ético está enfocado a terminar con la corrupción, ya que según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, los paraísos fiscales ocultan de cinco a siete billones de dólares. Mientras que el dinero de los impuestos evadidos supera los 255.000 millones de dólares anuales, monto que representa el quíntuple de lo necesario para lograr los objetivos del milenio.
Para escuchar otros criterios las magistradas de la CC, dieron paso a las voces de dirigentes de organizaciones sociales, de mujeres y sindicalistas que acompañaron al presidente Correa, entre ellos el presidente de la Central Unitaria de trabajadores, CUT, Oswaldo Chica, quien dijo que el sacar el dinero del país a empresas off shore, afecta específicamente a los trabajadores.
De igual manera, Liliana Durán, representante del Foro Nacional de la Mujer Ecuatoriana, subrayó que respaldan el Pacto Ético, pues “en el país nos deben representar personas éticas, personas que confíen en la Patria, que no evadan impuestos”.

Pregunta
En este marco, el presidente Correa ratificó ante los magistrados de la CC la pregunta que plantea para la consulta popular que dice: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? Sí o No.
La propuesta del Gobernante agrega esta párrafo: “Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución”.
La jueza Wendy Molina se tomará 10 días para emitir el dictamen que pasará al Pleno de la CC para su veredicto final. De ser aceptada la propuesta, la consulta popular se desarrollaría el día de las elecciones generales el próximo 19 de febrero. (VDS) (I),

Quito. 

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